Columna de opinión: "Lo público y privado en ciberseguridad"
La última década ha sido muy significativa en materia de ciberseguridad para nuestro país, tanto desde el punto de vista regulatorio como de la gestión de incidentes o ciberataques que han tenido efectos importantes para la ciudadanía y para el normal funcionamiento del país.
La publicación en el Diario Oficial de la Ley Marco de Ciberseguridad, el pasado mes de abril, marcó un hito respecto a la forma en la que nuestro país decidió enfrentar los riesgos asociados al uso de tecnologías digitales. Fruto de grandes consensos políticos y técnicos, en los próximos meses Chile contará con un sistema de gobernanza de la ciberseguridad, encabezado por la Agencia Nacional de Ciberseguridad y, con un marco regulatorio general de vanguardia en la región, que debiera ayudarnos a gestionar adecuadamente esos riesgos digitales. Pero eso no es ni será suficiente. La ciberseguridad requiere una respuesta multidimensional.
Una de esas dimensiones es la colaboración público-privada en ciberseguridad. Otra de las lecciones aprendidas en los últimos años, es que los incidentes no distinguen entre el sector público y el sector privado ni importa esa distinción. Cuando una gran empresa tecnológica es víctima de un ciberataque y esa empresa es proveedora del Estado, se afecta no solo la prestación de esos servicios privados, sino que también se afecta el normal funcionamiento de la administración del Estado. Hay ciudadanos que no pueden realizar algún trámite, no pueden acceder a algún beneficio o prestación estatal. Y sucede de manera similar a la inversa. Cuando un servicio público es víctima de un ciberataque que afecta su normal funcionamiento, el sector privado también sufre los efectos. Hoy existe una interdependencia tecnológica, operacional y de procesos tan profunda que la diferencia entre lo público y lo privado carece de sentido. Compartimos una misma capacidad.
Por ello, si queremos mantener el avance decidido en ciberseguridad -que se transformará seguramente en un incentivo a la inversión extranjera-, no sólo debemos ocuparnos de cumplir la ley, sino que también de profundizar la relación entre lo público y lo privado en materia de ciberseguridad. Ya sea participando en espacios de debate público como el Foro Nacional de Ciberseguridad que promueve el Senado, así como en iniciativas promovidas por la sociedad civil, la academia, gremios, empresas y servicios públicos, que constituyen espacios de colaboración e intercambio para aumentar nuestra cultura, resiliencia y madurez en ciberseguridad.